En innumerables ocasiones hemos sido testigos de las muchas violaciones a los derechos humanos de las que son objeto nuestros connacionales y demás centro y sudamericanos que viven de manera ilegal en los Estados Unidos de América.
Pero alguna vez nos hemos preguntado si los derechos humanos de los miles de inmigrantes ilegales que en su afán de entrar a territorio Estadounidense mediante nuestro país, ¿son respetados en su paso por nuestro territorio?, ¿Tienen acceso a la justicia?
La respuesta a las cuestiones anteriormente planteadas es tajante; NO, no tienen acceso a la justicia, y esto es, sin duda, una violación a sus derechos fundamentales consagrados principalmente en los artículos 1° y 2° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[1], entre los que destacan la Igualdad y la Dignidad, además de que a los mismos deberán tener acceso sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, entre otras. Y en México al no serles respetado su derecho de acceso a la Justicia se está en flagrante violación a los derechos ya mencionados y se cae en el supuesto de discriminación a los migrantes ilegales.
Por todo lo anterior, me surge una nueva interrogante, ¿Qué está haciendo el Gobierno de México para cumplir con la mencionada Declaración Universal y en específico, el Poder Legislativo para mediante la creación de Leyes garantizar el acceso de estas personas a la Justicia?
No es sino hasta la fecha en que se tuvo conocimiento de la lamentable matanza de 72 migrantes ilegales en el Estado de Tamaulipas, en la que fueron privados de la vida; ecuatorianos, hondureños, salvadoreños, entre otros, que el gobierno de nuestro país, tomó cartas en el asunto y se dio cuenta de que este tipo de migrantes (los ilegales) están excluidos y son discriminados por preceptos jurídicos , que les impiden el acceso a la justicia y a todos los organismos que la procuran, tal como el artículo 67 de la Ley General de Población, que a la letra dice: “Artículo 67.- Las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así como los notarios públicos, los que sustituyan a éstos o hagan sus veces y los corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país, y que en los casos que establezca el Reglamento, acrediten que su condición y calidad migratoria les permiten realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación. En los casos que señale el Reglamento, darán aviso a la expresada Secretaría en un plazo no mayor de quince días, a partir del acto o contrato celebrado ante ellas.”[2]
El artículo 67 había sido criticado por varias organizaciones de protección a los Derechos Humanos, pues claramente discrimina a los migrantes ilegales, condicionándoles su acceso a la justicia en México a la acreditación de su legal estancia en el país, pues según el artículo todas las autoridades sean de cualquiera de los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y/o Municipal) tienen la obligación de exigir a los ciudadanos extranjeros que les soliciten servicios aporten pruebas de su legal estancia en el país. “Esto constituye un importante factor disuasorio para los migrantes irregulares en denunciar que hayan sido víctima de un abuso o un delito y ha provocado resistencia en algunas autoridades para atender a migrantes víctimas de abusos.”[3]
Por todo esto, la Cámara de Senadores se ha dado a la tarea de proponer una reforma a dicho artículo en la cual, se prohíbe; se niegue o restrinja la atención de quejas de derechos humanos o la procuración de Justicia cualquiera que sea la situación legal del o la migrante. Con esto se da respuesta a la interrogante anterior, ya que el gobierno mexicano está trabajando al respecto. Pues al haber sido aprobada la propuesta ya no existirá impedimento alguno para que los migrantes en situación irregular que habitan o que transitan por el país y que sean víctimas de la delincuencia o de algún abuso de autoridad, tengan acceso a medios de defensa en caso de que los quieran hacer valer o simplemente a iniciar quejas ante las distintas comisiones de Derechos Humanos según sea la competencia del asunto que se trate.
En este sentido, la reforma al artículo 67 de la Ley General de Población sienta un importante precedente en cuanto a la inclusión de los migrantes irregulares y al cumplimiento y respeto a la Declaración Universal de los Derechos humanos; así como a diversos tratados internacionales que en materia de estos derechos a firmado y ratificado el gobierno mexicano,[4] dejando en claro que en México, cualquier persona sea cual fuere su nacionalidad y su carácter migratorio tiene derecho a acceder a la justicia y a los beneficios que la misma le brinda, para hacer valer sus derechos inherentes a su calidad de persona. Ya sólo falta que el Presidente de la República el Lic. Felipe Calderón Hinojosa publique a la brevedad posible en el Diario Oficial de la Federación la reforma para que surta sus efectos y se cumpla a cabalidad la misma.
Otra de las áreas en las que el gobierno de México está trabajando y deberá hacerlo más ahora que entre en vigor la multicitada reforma, es en la mejora de la “coordinación de las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno para combatir los abusos a migrantes y brindarles mayor protección.”[5]Sólo queda esperar a ver cuáles serán los mecanismos que el Secretario de Gobernación empleará para lograr una coordinación más eficaz y que el anterior compromiso se cumpla.
Es esencial que el gobierno Federal de un buen cause a esta reforma y garantice las medidas concretas para prevenir y atender los abusos sufridos por los migrantes en México, para lo cual podría tomarse como modelo y sólo como eso, los derechos que, a pesar de no ser respetados en la mayoría de las veces, se les otorgan a todas las personas incluyendo a los migrantes ilegales en los Estados Unidos de América[6], sobre todo, en tratándose de deportación pues cuando están frente a ella, tienen entre otros, el derecho de audiencia delante de un juez de inmigración y de revisión sostenida en la mayoría de los casos por un juez federal, ser representado por un abogado (pero no a costas del gobierno), recibir notificación razonable de las acusaciones, como del tiempo y lugar de la audiencia; tener una oportunidad razonable para examinar la evidencia y a los testigos del gobierno.[7] Este modelo de derechos puede ayudar para que en nuestro país se tomen medidas similares para garantizar una buena inclusión de los migrantes a la justicia de nuestra nación.
Y, ¿Por qué es tan importante que todo esto se lleve a cabo?, es importante además por lo que ya mencioné, porque México, nuestro país, es en América el principal paso de migrantes que pretenden entrar a territorio de los Estados Unidos de manera ilegal por la frontera norte, donde en la mayoría de las veces surgen casos de violencia y actos delictivos de los que son las principales víctimas, los cuales por la exclusión de la que son objeto debido a la ley que ahora se reforma, quedan impunes, he aquí la importancia de la reforma al artículo 67 de la Ley General de Población, pues si bien la misma no acabará con la impunidad que en estos casos impera, si ayudará a mitigar la misma y los migrantes no se verán desprotegidos, lo que derivará sin duda, en una baja en la comisión de delitos por parte de ciudadanos comunes y de discriminación por parte de las autoridades, hacia ellos; los miles de migrantes que atraviesan e incluso habitan nuestro país.
Finalmente nada de esto se va a lograr, a pesar de la reforma, si las autoridades federales no llevan a cabo un plan de acción en el cual todas las agencias clave tales como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y las autoridades estatales actúen de manera coordinada y efectiva, para lograr la mejor aplicación y el máximo cumplimiento de la norma, de lo contrario los esfuerzos del gobierno mexicano, en este caso específico del Poder Legislativo, quedarán como en incontables ocasiones; sólo en buenas intenciones y producirán lo que tanto mal hace al sistema jurídico mexicano; la “letra muerta”.
[1] Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948. Artículo 1° y 2°. “Compendio de Derechos Humanos. 2ª ed. Editado por la PDHEG.
[2] Ley General de Población, artículo 2°.
[4] Algunos de los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos son: American convention on Human Rights, Inter- American convention to Prevent and Punish Torture, entre otros.
Norris Robert. Protecting Human Rights in the Americas, selected problems. 3a ed. Ed. N.P. Engel.
[5] Fancisco Blake Mora. Palabras sustraídas del reportaje sobre migración ilegal de Amnistía internacional México.
[6] La Corte Suprema de los Estados Unidos ha fallado que las garantías constitucionales aplican a cada persona dentro de los limites fronterizos de los Estados Unidos, incluso "los extranjeros cuya presencia es ilegal en este país.” www.aclufl.org
Con este tema gané un concurso de ensayo.
ResponderEliminarDe qué les gustaría que hablara en la siguiente entrega?.
Deberías de volver a escribir... Saludos!!!
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